<strong>Haciendo algo incorrecto
Dado todo el impulso que han recibido últimamente, resulta un extraño momento para que los activistas por los derechos humanos se peleen entre sí por las diversas posiciones que mantienen con respecto al mundo de los negocios. Sin embargo, esto es justamente lo que está sucediendo. El centro de la disputa es el trabajo de John Ruggie, representante especial de derechos humanos y corporaciones transnacionales de la secretaría general de las Naciones Unidas. El Compacto Global no abunda en detalles; así que se la ha pedido a Ruggie que escriba algo más vigoroso para el sexagésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas del próximo año. A principios del presente mes, 151 organizaciones no gubernamentales y otros activistas, incluidos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, le enviaron una carta pública a Ruggie, considerada un ataque a la estrategia del este último.
Según la carta, Ruggie está “retrasando varios años los derechos humanos en el sector corporativo”. Sir Geoffrey Chandler, que hasta no hace mucho dirigía Business Group, de Amnistía, y trabajó para la Shell, una firma petrolera, asegura que las 151 organizaciones que firmaron la carta no quieren comprometerse con las compañías sino adoptar una posición más beligerante ante las mismas. Y esto es una lástima, continúa, porque “está claro que si queremos que prevalezcan los derechos humanos en este mundo, tendremos que involucrar a las compañías”.
Pero algunas organizaciones no gubernamentales sí quieren trabajar con los comercios. Por ejemplo, Global Witness, que no está entre las 151 organizaciones que firmaron, apoyó a un miembro de su equipo para que trabajara con Ruggie en establecer los lineamientos que deben seguir las compañías en las zonas de conflicto. Widney Brown, director de derecho internacional, política y campañas de Amnistía Internacional, dice que las diferencias son exageradas. Amnistía quiere establecer un diálogo y una legislación que sea obligatoria para las compañías.
Para las organizaciones no gubernamentales es más sencillo dedicarse a las confrontaciones públicas que las ambigüedades morales propias del mundo corporativo. Pero hay el riesgo de que esta pelea entre las organizaciones no gubernamentales obligue a las Naciones Unidas a congelar el trabajo de Ruggie. Si este fuera el caso, las compañías podrían librarse de la presión de tener que respetar los derechos humanos.
Dado todo el impulso que han recibido últimamente, resulta un extraño momento para que los activistas por los derechos humanos se peleen entre sí por las diversas posiciones que mantienen con respecto al mundo de los negocios. Sin embargo, esto es justamente lo que está sucediendo. El centro de la disputa es el trabajo de John Ruggie, representante especial de derechos humanos y corporaciones transnacionales de la secretaría general de las Naciones Unidas. El Compacto Global no abunda en detalles; así que se la ha pedido a Ruggie que escriba algo más vigoroso para el sexagésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas del próximo año. A principios del presente mes, 151 organizaciones no gubernamentales y otros activistas, incluidos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, le enviaron una carta pública a Ruggie, considerada un ataque a la estrategia del este último.
Según la carta, Ruggie está “retrasando varios años los derechos humanos en el sector corporativo”. Sir Geoffrey Chandler, que hasta no hace mucho dirigía Business Group, de Amnistía, y trabajó para la Shell, una firma petrolera, asegura que las 151 organizaciones que firmaron la carta no quieren comprometerse con las compañías sino adoptar una posición más beligerante ante las mismas. Y esto es una lástima, continúa, porque “está claro que si queremos que prevalezcan los derechos humanos en este mundo, tendremos que involucrar a las compañías”.
Pero algunas organizaciones no gubernamentales sí quieren trabajar con los comercios. Por ejemplo, Global Witness, que no está entre las 151 organizaciones que firmaron, apoyó a un miembro de su equipo para que trabajara con Ruggie en establecer los lineamientos que deben seguir las compañías en las zonas de conflicto. Widney Brown, director de derecho internacional, política y campañas de Amnistía Internacional, dice que las diferencias son exageradas. Amnistía quiere establecer un diálogo y una legislación que sea obligatoria para las compañías.
Para las organizaciones no gubernamentales es más sencillo dedicarse a las confrontaciones públicas que las ambigüedades morales propias del mundo corporativo. Pero hay el riesgo de que esta pelea entre las organizaciones no gubernamentales obligue a las Naciones Unidas a congelar el trabajo de Ruggie. Si este fuera el caso, las compañías podrían librarse de la presión de tener que respetar los derechos humanos.
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